Reconozco que hay que tener bastante ingenuidad para pensar que, tras la devastación sufrida en Valencia y el cúmulo de comentarios, análisis, artículos aparecidos desde el día 30 en adelante en los medios de información, uno sea capaz de aportar algo nuevo, pero hay algunos detalles que el suceso ha puesto en primera página y convendría aclarar. Si el intento lo consiguiera tanto mejor; si no fuera así y resultara redundante tendría la ventaja de pasar desapercibido.
Un concepto que apareció en varios medios durante los primeros días fue el concepto de Estado fallido. Este concepto surgió a principios de los años noventa del pasado siglo tras el fin de la guerra fría y la disolución de la URSS. En general define un Estado que es incapaz de mantener su estructura institucional y por tanto la asistencia y protección debida a sus ciudadanos en todos los ámbitos: seguridad, sanidad, educación, protección social, amenaza exterior. La anomia, la ausencia de normas sería la imagen más palpable; ahí está el ejemplo enquistado de Haití, Somalia o incluso Méjico, piensan algunos, en los estados del país donde el narco es quien detenta el poder.
¿Pareció España un Estado fallido durante los primeros días? Parece evidente que no, afortunadamente; lo que sí pareció, por usar un concepto más amable, más alejado de la propaganda de seguridad americana, que lo ha propagado y utilizado como herramienta para sus cabalgadas a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y que algunos autores proponen, fue un Estado débil, frágil. La respuesta a la catástrofe fue lenta, dubitativa, caracterizada por el cálculo político y los inevitables reproches entre administraciones. No hay por qué extrañarse, España lleva siendo un Estado débil desde hace bastante tiempo y desde que el gobierno actual lleva en el cargo, el proceso se ha acelerado; en Cataluña y el País Vasco, como se sabe, su presencia es menos que testimonial.
El despliegue de las fuerzas de seguridad y del ejército ha estado lastrado por la ambigüedad y el temor. Ha tenido que aparecer en rueda de prensa el jefe de la UME para saber que si el presidente de una comunidad autónoma no solicita su asistencia, la dotación puede estar esperando, tranquilamente, en el límite de la comunidad hasta que la solicitud se realice.
Respecto al ejército, la institución más capaz para dar seguridad y sosiego en tales situaciones de quiebra poniendo en práctica su larga experiencia en ingeniería, intendencia, logística, mando unificado y del que la señora Margarita. Robles, una inepta más, se atrevió a balbucir en los primeros de días de la catástrofe que «El ejército no está para todo...» ¿qué puede decirse? Pues, sencillamente, que el gobierno y sus respectivos apéndices de coalición siguen pensando que la institución es una cosa del pasado, reaccionaria hasta el tuétano, y por tanto a liquidar; que es mejor, más humanitario, que las sospechosas ONGS vayan ocupando su lugar. No recuerdo ahora si fue durante el primer gobierno del Dr. Sánchez o en este segundo cuando alguien de su gabinete se atrevió a proponer que el Ministerio de Defensa era una reliquia del pasado y, por tanto, prescindible.
Levante, y en concreto la región valenciana, debido a su situación geográfica y perfil del terreno, siempre ha sido proclive a riadas e inundaciones. Desde la Baja Edad Media e incluso antes se recoge, en diferentes crónicas, las consecuencias de las avenidas. No obstante, la riada del año 1957 sería determinante. El Régimen decidió buscar una solución definitiva a las recurrentes inundaciones de la ciudad de Valencia y elaboró el Plan Sur para desviar el cauce del río Turia. La obra de ingeniería comenzó en el año 1965 y acabó en 1972; desde entonces la ciudad no ha vuelto a sufrir una riada. He escuchado y leído (lo último en El Mundo del día 7 del corriente en el artículo titulado “Una tragedia evitable” del ingeniero de caminos, canales y puertos Ángel Barriga) que han circulado proyectos para domesticar los efectos de las avenidas en la Ribera Alta valenciana y que, escondidos en algún cajón, amarillean. ¿A qué se espera? ¿A dilucidar a quien compete dar el visto bueno para iniciar las obras? Esta irresolución congénita es un aspecto más de ese Estado débil que avanza y al que antes aludíamos.
Las consecuencias económicas, a primera vista, parecen escalofriantes; el consorcio de Seguros ha recibido hasta el momento en que se redacta este artículo más de 72.000 solicitudes de indemnización; 21.400 para viviendas, 44.200 para automóviles, 4.700 para comercios, 1.570 para diversas industrias. En general, se estima que más de 370.000 trabajadores se verán afectados, de los cuales 62.000 serían autónomos. La obra civil que ha quedado dañada o destruida es cuantiosa; en resumen, un auténtico panorama de guerra.
Se necesitará lucidez, paciencia, que es lo contrario de la dejadez, y compromiso para reconstruir lo que haya que reconstruir y dónde; habrá que estar alerta y fiscalizar los recursos para evitar que alguien se lo lleve en crudo dejando obras sin sentido, sin solidez.
En cuanto a la ayuda vecinal surgida de manera espontánea y a pesar de que su labor se haya visto entorpecida por la falta de coordinación durante los primeros días, sólo cabe felicitarse. Los casos aislados de saqueo que haya podido haber deberían apreciarse como inducidos por la necesidad. Ya decía Shakespeare por boca de Portia en “El Mercader de Venecia” que el carácter divino de la misericordia se muestra cuando, esta, sazona la justicia…