Desde siempre y a través de estas columnas, en no pocas ocasiones, hemos abogado por una sociedad abierta, democrática, tolerante, en la que quepan todos y en la que todos tengan reconocida su dignidad.
Parece algo trivial, pero es importante, y más ahora, en un tiempo convulso que parece estar viviendo no solo nuestro país, sino también Europa y otros ámbitos del mundo.
Nuestro país, en buena medida, pese a logros que quedan por conseguir y sombras que quedan por despejar, se acerca a ese modelo de sociedad abierta y democrática, que, hoy, constituye, hasta donde es posible, un horizonte ideal en la perspectiva humana contemporánea.
Y la dignidad de la ciudadanía se consigue a partir de logros sociales, para todos, que son los que nos protegen. Pero ¿qué es lo que nos protege?
Nos protegen la educación y la sanidad públicas, como un logro de nuestra sociedad, conseguido y, en parte, afianzado, a lo largo de los años, para todos. Hay en el horizonte y desde hace años ya, sin embargo, amenazas de recortes, que ponen en peligro tales servicios públicos. Porque la educación y la sanidad no han de ser negocios, sino servicios.
Nos protegen los derechos sociales (todo tipo de ayudas y de salarios y prestaciones para los sectores más frágiles, una ley de reforma laboral más favorable a los trabajadores) y civiles (ese reconocimiento a todo tipo de diferencias y esas garantías, jurídicas también, que tratan de afianzar el respeto a quienes se sienten diferentes a los cerrados parámetros establecidos), que, en nuestro país, a lo largo de años, se han ido consolidando, pese a no pocos ataques hacia ellos).
Nos protegen todas estas perspectivas –hay más, pero no es el espacio de enumerarlas todas–, que hacen que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se sientan, hasta cierto punto, en un país habitable.
Pero existen no pocos flancos de desprotección, que se ceban sobre los sectores más frágiles, según estadísticas que proporcionan con periodicidad distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, como Cáritas, por ejemplo.
Algunos de tales flancos de desprotección es la de unos alquileres de vivienda elevadísimos, para unos salarios más bien modestos que ganan no pocos millones de ciudadanos. Es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. El derecho a una vivienda digna está reconocido por nuestra constitución. Y los poderes públicos tendrían que tomar cartas en el asunto de un modo más decidido.
Hemos de vivir todos en el desafío de cuidar, potenciar, favorecer… lo que nos protege y de tratar de poner remedio a todo aquello que sitúa en la desprotección a capas no pequeñas de nuestra sociedad.
Y, hoy, ampliar los aspectos humanos y sociales de protección para toda la ciudadanía es un desafío en el que nos hemos de implicar todos, dentro de ese marco de sociedad abierta, democrática, civilizada, tolerante, en la que todos quepamos, presidida por ese ideal que es el respeto y la convivencia.